A pesar de los esfuerzos que se realizan para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, esta condición puede perjudicar a la hora de ser aplicada la ley, acceder a servicios públicos, alquilar una vivienda, ser seleccionadas en un puesto de trabajo… 

En gran medida, esto se debe a que las actitudes y los estereotipos se usan de forma automática y así, de una forma inmediata y sin esfuerzo, casi sin darse cuenta, influyen sobre la percepción, los juicios y las acciones, incluso contra intenciones inclusivas explícitas.

En esa discriminación contextual, menos explícita pero muy importante, confluyen barreras actitudinales e interactivas que pueden entenderse desde tres componentes básicos: cognitivos, referidos a las ideas que nos formamos sobre diferentes hechos, fenómenos, o personas; afectivos, para tener una actitud es necesaria una valoración de la información de la que se dispone, que una vez valorada provoca una emoción bien positiva, bien negativa; y conductual, como elemento que nos predispone a comportarnos de una manera determinada en una situación, o ante un colectivo o persona

Ante esas barreras psico-sociales, se ha comprobado que quienes tienen relación con personas con discapacidad intelectual muestran actitudes más ajustadas y positivas hacia este colectivo, superando prejuicios e ideas preconcebidas.